Introducción

El estudio de las políticas de información (PI) en los últimos 20 años compiló una gran cantidad de literatura especializada, aplicada principalmente a la bibliotecología y la archivística. Esta línea de investigación existe desde la segunda mitad del siglo XX y se relaciona directamente con los avances tecnológicos y la sobreproducción de información a nivel mundial.¹ En México adquirió relevancia, tanto su investigación como su implementación, a partir del año 2002, debido al avance en materia de legislación con relación a la explotación y acceso a la información pública. A partir de entonces, se reconoció a nivel gubernamental, con mayor seriedad, el valor de la información y se invirtió significativamente en investigación, recursos humanos y económicos, así como en propuestas de políticas que han impulsado la información en todas sus manifestaciones jurídicas.

En consecuencia, uno de los principales problemas que se generaron consistió en que, por lo reciente de la aparición de las PI, el cambio acelerado en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y la evolución incesante de los usuarios y sus necesidades, no existe a la fecha una fórmula perfeccionada que consigne todos los elementos necesarios y pertinentes al momento de redactar una política institucional de información en las bibliotecas, y se han gestado muchas de forma apresurada, incompleta y para salir de un compromiso.

Para resolver este problema, se planteó un estudio cuyo objetivo principal consistió en realizar un análisis teórico-comparativo de políticas en bibliotecas nacionales, enfocándose en tres principales aspectos: el desarrollo de colecciones (impresas y digitales), la catalogación y políticas para la prestación de servicios vía remota, y, por último, el diseño de una propuesta sobre políticas en diversos ejes de acción en la Biblioteca Nacional de México y sus pares.

Existen distintas perspectivas de estudio de las PI, desde el análisis simple de políticas aplicadas a bibliotecas, archivos o proyectos educativos, hasta temáticas complejas como la aldea global, el contrato social o la brecha digital;² por ello, debemos acotar cuál de ellas se utiliza en el presente análisis. Con respecto a las PI, pueden estudiarse a la vez diversos instrumentos como la legislación, la política pública, políticas nacionales, internacionales o institucionales; lineamientos y reglamentos, al igual que temas específicos de las PI (el depósito, registro, acceso, flujos, etc.).

Existe un nivel de dificultad para el estudio de las PI debido a que, si bien el propósito final es el establecimiento de políticas para el comportamiento de la información, su observación no puede limitarse solamente a este objeto de estudio. Ian Rowlands afirma esta premisa al señalar que no era posible aislar el análisis de las PI del contexto social y político en el cual se encuentran inmersas.³ Por ello, puede decirse que surgen, por una parte, como resultado de acuerdos jurídicos o administrativos entre las organizaciones -principalmente de leyes y ordenanzas- y, por otra, se ven influenciadas por prácticas sociales vinculadas con la política y la cultura de su contexto.

Para comenzar a definir las PI es necesario iniciar el análisis desde su terminología. Ésta se forma del concepto de “política” y, de acuerdo con un análisis terminológico de Martínez Espinoza, la política o politics indica las actividades a conformar, ejercer y disputar del poder político.⁴

No muy lejano a este término, aparece el concepto de “política pública”, un fenómeno muy estudiado también a partir de la segunda década del siglo XX. Eugenio Lahera la define como “cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado”.⁵ Existe una relación entre los términos “política” y “política pública”. Lahera aclara que “son entidades diferentes, pero que se influyen de manera recíproca […] mientras la política es un concepto amplio, relativo al poder en general […]. Las políticas públicas corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos”.⁶

Los dos términos anteriores tienen un acercamiento a las PI. Rowlands, uno de los teóricos más representativos sobre este tópico, mencionó que “uno de los problemas más difíciles y fascinantes del estudio de las PI es que la política pública tiene una influencia, directa o indirecta” en los distintos flujos de la información, como puede ser en su abastecimiento, transferencia o uso.⁷ La información juega un papel fundamental tanto en la política como en las políticas públicas, porque puede fungir como el objeto de la política pública que pretende dar orden, o puede ser el instrumento en el que se apoya para el medir el desempeño de las mismas.

Dentro del contexto de bibliotecas, las nacionales son instituciones que reciben mayor impacto de políticas exteriores, principalmente porque sus colecciones se forman por mandato jurídico, donde reside el Depósito legal. De acuerdo con la UNESCO, las bibliotecas nacionales son: “responsables de la adquisición y conservación de ejemplares de todas las publicaciones impresas en el país y […] en virtud de disposiciones sobre el depósito legal o de otras disposiciones”.⁸ Bajo este marco jurídico, también se designaron como los recintos que reciben y resguardan la memoria documental de la nación.

Asimismo, como bien lo ejemplifica Juan José Fuentes Romero, las bibliotecas pueden llegar a cumplir otras disposiciones de carácter político o cultural.⁹ Por ejemplo, el desarrollo de la bibliografía nacional, ser un organismo rector de bibliotecas públicas o para llevar a cabo un programa nacional de lectura; en algunos casos, incluso comparten funciones con bibliotecas universitarias, y por ello, ofrecen servicios de referencia especializados. Todo lo anterior depende de distintos factores sociales, geográficos, culturales e históricos, entre otros, que se desarrollan de forma única en cada biblioteca nacional.

La importancia de analizar las PI en bibliotecas nacionales surge a partir de la necesidad de comprender el impacto que tiene el marco jurídico donde descansa el Depósito legal y la obligación que impone a estas instituciones el recopilar y conservar la memoria impresa de su respectiva nación. Sin embargo, es importante destacar que, si bien la legislación consiste en una serie de disposiciones y regulaciones que impactan en las actividades, las personas y las instituciones de forma obligatoria, no es en sí una política;¹⁰ y, por tanto, no es el instrumento final de las bibliotecas nacionales. Se requiere entonces de una política institucional, la cual tiene mayor impacto en los flujos y procesos de la información.

Concepto de “políticas de información”

Para comprender este concepto, desde lo general a lo particular, se retoman tres principales definiciones que muestran el nivel de profundidad al que puede llegar el estudio de las PI. Donald Case menciona simplemente que son “aquellas leyes, regulaciones y prácticas destinadas a facilitar la creación y diseminación de información a través de la sociedad”.¹¹

Sandra Braman, otra reconocida estudiosa del tema, las definió como “la composición de leyes, reglamentos y posiciones doctrinales -y otras tomas de decisiones y prácticas con un amplio efecto constitutivo en toda la sociedad- que involucra la creación, procesamiento, flujo, acceso y uso de la [información]”.¹² En este concepto puede verse que los instrumentos formales de información no son sólo parte de las PI, sino que también pueden ser parte de las políticas, los acuerdos, las prácticas, las directrices y otros instrumentos que pueden estar o no de forma escrita. Este término tiene una mayor aproximación con el concepto de “política”.

Y una tercera definición de las PI permite vislumbrar una serie de factores que muestran la complejidad del término. Elisa Margarita Almada Navarro mencionó que son las acciones relacionadas con “los patrones de comunicación, organización y diseminación de la información, el sector público y privado, así como la infraestructura e infoestructura”.¹³ Este último concepto se acerca al de “política pública”, pues considera también la intervención de agentes y recursos externos como parte del análisis.

El estudio de las PI depende principalmente del propósito final del análisis. Por ejemplo, puede enfocarse sólo en el estudio del flujo de la información a través de las instituciones o los individuos o para identificar y clasificar las PI, ya sea por el tipo de información o el propósito de uso. Otro ejemplo es el análisis para la actualización o gestión de nuevas políticas de información. En esta investigación se utilizará el estudio de las PI para identificar los valores de la información y su presencia, específicamente, en las bibliotecas nacionales.

Valores de las políticas de información

Existen distintas metodologías de estudio de estas políticas,¹⁴ lo que dificulta su análisis. Sin embargo, en la mayoría de ellas se distinguen algunas características en común: el análisis se clasifica de acuerdo con los niveles de acceso a la información, los medios de difusión y las tecnologías por las que se transmite dicha información. Un ejemplo es la clasificación que propone Rowlands, quien agrupa el estudio de las PI de la siguiente forma:

1. Protección de información: seguridad y privacidad de la información.
2. Mercado de la información: propiedad intelectual, derecho de acceso y uso.
3. Radiodifusión y telecomunicaciones: libertad de expresión, legislación de los medios, servicio universal, entre otros.
4. Acceso a la información: Depósito legal, bibliotecas nacionales y otros recursos de índole gubernamental.
5. Sociedad de la información e infraestructura: relacionado con la industria e infraestructura.¹⁵

Si bien es una clasificación amplia que permite abordar un gran número de PI, en el caso particular de las bibliotecas nacionales queda limitado el objeto de estudio. Como puede observarse, Rowlands sitúa estas instituciones dentro de la temática del “acceso a la información”; no obstante, también existe una relación dentro del rubro del mercado de la información, pues las obras que se reciben por Depósito legal se encuentran sujetas a la propiedad intelectual y el derecho de uso de las obras que recibe bajo este régimen; así también, tiene vínculos con la temática sobre protección de información, relacionados con protección física y digital de los acervos, y la infraestructura adecuada para cumplir satisfactoriamente con la protección.

Overman y Cahill realizaron un análisis de los valores sobre acceso a la información en Estados Unidos, lo cual se considera una metodología más adecuada para el estudio de las bibliotecas nacionales. Los valores definidos por dichos autores son:

1. Acceso y libertad de información.
2. Privacidad.
3. Apertura a todos los que lo soliciten.
4. Utilidad de la información.
5. Costo-beneficio.
6. Secreto y seguridad.
7. Pertenencia.¹⁶

Estos investigadores también dividen las políticas desde una perspectiva distributiva o restrictiva. Es decir que, mientras la distributiva se enfoca en alcanzar la máxima publicidad de la información, la restrictiva se enfoca en limitar y condicionar su flujo, como se muestra a en la Tabla 1.¹⁷

Cabe hacer notar que la perspectiva distributiva o restrictiva depende directamente del tipo de información, ya que puede provenir de un dato, un libro, un artículo o una publicación digital, al igual que de un archivo. Asimismo, el contexto de la información influye en el flujo de la misma. Por ejemplo, en las bibliotecas nacionales, debido a la función social que cumplen, la información tiende a ser distributiva y poseer políticas de máxima publicidad, mientras que los organismos reguladores de la industria editorial tienden a adoptar políticas restrictivas, con el propósito de proteger los intereses de los creadores de esos contenidos.

Es importante mencionar que Overman y Cahill aplicaron estos valores a las PI principalmente en materia de archivos y datos gubernamentales. No obstante, también en las bibliotecas, especialmente en las públicas y en las nacionales, pueden aplicarse tales principios, por los datos que gestionan; por tanto, es posible extrapolar esos valores para aplicarlos en los contenidos que almacenan, organizan, protegen y difunden, ya que están sujetas a normativas jurídicas como es el Depósito legal y la propiedad intelectual, que influyen también en la distribución o la restricción de los contenidos.

Como mencionamos, actualmente la mayoría de las bibliotecas cuentan con PI, aunque su composición y propósito depende de los acuerdos jurídicos y administrativos entre los distintos agentes que participan en la elaboración e implementación de esas políticas. En el caso particular de las bibliotecas nacionales, al igual que los archivos públicos y gubernamentales, las PI están sujetas a obligaciones jurídicas, políticas, sociales y culturales que no surgen o dependen de ellas mismas, sino que intervienen actores como el Gobierno, las instituciones de ámbito internacional y la ciudadanía, que tienen una influencia tanto de forma implícita como explícita en sus políticas.

Uno de factores externos que repercute significativamente en las bibliotecas nacionales es la legislación sobre el Depósito legal, la cual designa a estos recintos como concentradores de las colecciones y puede llegar a establecer otras obligaciones, por ejemplo: elaborar la bibliografía nacional para informar de forma oportuna sobre las nuevas publicaciones, así como desarrollar los estándares más altos de descripción de la información para proveer a bibliotecas locales, principalmente, de registros completos y actualizados.

Valores en las políticas de información de bibliotecas nacionales: conceptos y ejemplos

Una vez establecidos de forma general los valores de las PI, es posible vincularlos con aquellas políticas institucionales disponibles en las bibliotecas nacionales. Para ello, se realizó un estudio de las PI de las bibliotecas nacionales de América Latina y el Caribe disponibles en línea.

América Latina está conformada por 20 países, de los cuales 18 cuentan con biblioteca nacional (las excepciones son Surinam y la Guayana Francesa). Al Caribe pertenecen 13 países, y 9 de ellos cuentan con biblioteca nacional. Cabe hacer notar que en algunas naciones no existe la biblioteca nacional como una figura institucional; no obstante, hay un sistema nacional de bibliotecas que cumple con la función del Depósito legal y con otras funciones que corresponden mayormente a las bibliotecas públicas o universitarias.

Los criterios para la selección de bibliotecas a analizar fueron los siguientes:

• Contar con una legislación que rija el Depósito legal.
• Contar con políticas institucionales.
• Que las políticas se encuentren disponibles en el portal en línea de la biblioteca nacional o el sistema bibliotecario.
• Que la política institucional cumpla con uno o más de los valores definidos por Overman y Cahill.

Como resultado, las bibliotecas nacionales que arrojaron mayor información fueron siete en total: Argentina, Las Bahamas, Brasil, Chile, México, Panamá y Venezuela. A continuación, se presentan brevemente las bibliotecas nacionales y las políticas institucionales estudiadas para ejemplificar los valores.

México (Estados Unidos Mexicanos)

Biblioteca Nacional de México. 2015. “Manual de políticas del Departamento de Adquisiciones de la Biblioteca Nacional de México”. Intranet.

Biblioteca Nacional de México. 2015. “Manual de políticas del Departamento de Catalogación de la Biblioteca Nacional de México”. Intranet.

Biblioteca Nacional de México. 2015. “Manual de políticas del Departamento de Servicios de Información de la Biblioteca Nacional de México”. Intranet.

Acceso y libertad de información

El acceso a la información se reconoce como un derecho fundamental que garantiza que toda persona pueda ejercer acciones como solicitar, recabar, investigar y difundir, entre otras, información en posesión de las instituciones públicas o gubernamentales. Este derecho está reconocido como un derecho universal por instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), y es un tema primordial dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Las bibliotecas nacionales en el contexto latinoamericano surgen, en su mayoría, a la par de otras instituciones representativas del país y poco después de sus procesos de independencia de los países europeos. Uno de los principales propósitos que tienen estas instituciones es brindar a los ciudadanos el acceso a la información y acercarlos a la cultura documental de la nación, disminuyendo la barrera social o económica. Por ello, es un hecho que este valor ya se encontraba presente en las bibliotecas nacionales, incluso antes de la Declaración Universal de lo Derechos Humanos.

A la par de la creación de las bibliotecas nacionales, surge el Depósito legal como el mecanismo destinado a enriquecer el acervo de estas instituciones. Aunque el inicio de dicha normativa se remonta a un sistema monárquico en Francia, en 1537,³² en el continente americano aparece como una preceptiva en las repúblicas para crear recintos que albergaran la cultura, principalmente aquella relacionada con el papel y la imprenta, y con el fin de que pusieran esta riqueza cultural al alcance de los ciudadanos, contribuyendo así a la formación de una identidad nacional.

Pese a ello, los gobiernos republicanos y democráticos consideraron que esta normativa debía mantenerse o establecerse con el propósito de construir colecciones para preservar la memoria documental, difundir la producción nacional y apoyar la formación y desarrollo intelectual de la ciudadanía. La responsabilidad de coleccionar aquello que deriva del Depósito legal corresponde a bibliotecas nacionales, parlamentarias o públicas, dependiendo del contexto político, educativo, cultural y geográfico de cada nación.

Es importante notar que la libertad de acceso a la información requiere mecanismos especializados que no son limitantes, sino que buscan definir las formas para ese acceso a la información, de tal manera que:

1. Definen quiénes pueden acceder: no es una regla, y cuando existe esta limitante se refiere a alcanzar un mínimo de edad.
2. Establecen mecanismos generales de acceso a la misma: horarios, formularios, registro de usuarios, comportamiento en el uso de los materiales.

Ejemplo de lo anterior son las distintas PI de la Biblioteca Nacional de Las Bahamas, la cual cuenta con políticas de préstamo, uso de Internet, de equipo y de circulación, por ejemplo; otra muestra es la “Política del Departamento de Servicios de Información” de la Biblioteca Nacional de México. Ambas políticas consideran, incluso, el comportamiento para el uso de materiales, tanto del personal como de los usuarios.

En muchas ocasiones, este tipo de PI puede manifestarse como reglamento; es el caso de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R.³³

Privacidad / secreto y seguridad

De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA), el concepto de privacidad se relaciona con otros principios fundamentales, como son el honor personal, la dignidad, la libertad de expresión, de pensamiento, de opinión y de asociación.³⁴ De toda esta gama de derechos, el que es de interés en el escenario de la archivística, al igual que de la bibliotecología, es aquel que se vincula con la protección de la dignidad mediante el resguardo de los datos personales.

El concepto de privacidad en términos del flujo de la información se refiere a los mecanismos para prevenir la difusión de los datos pertenecientes a la vida privada de las personas,³⁵ pero el ámbito de aplicación puede diferir entre archivos y bibliotecas. Mientras que en los primeros se refiere a los mecanismos de protección de datos que se recopilan de las personas para la interacción y el uso de servicios de la institución, en las segundas se denomina “confidencialidad”:

Es necesario aclarar la diferencia [de estos conceptos] dentro de las bibliotecas: surgieron desde hace muchas décadas con la privacidad, la cual significa en una biblioteca el derecho de todo usuario a leer y consultar lo que desee sin que los temas de su interés sean examinados o escudriñados por terceros. La confidencialidad proviene del hecho de que una biblioteca entre en posesión de datos personales que hagan identificable al usuario y por tanto debe tomar las medidas para evitar su acceso no autorizado. Es decir, la confidencialidad es un proceso que protege, entre muchas otras cosas, la privacidad.³⁶

Overman y Cahill definen el vínculo secreto-seguridad, designando el secreto como la información clasificada. Sin embargo, este término en español refiere primeramente a que protege temporalmente los detalles sobre procedimientos comerciales, jurídicos, industriales, fiscales o de seguridad, y jurídicamente se les designa como “información reservada”,³⁷ mientras que un segundo uso del secreto consiste en la vida privada, propuesta como la ya declarada “información confidencial”.

Las bibliotecas, por tanto, no poseen información reservada, pues no almacenan secretos que amenacen procesos como los mencionados. Aunque no es común, hay bibliotecas que hacen esta aclaración ante la ciudadanía, como es el caso de la Fundação Biblioteca Nacional en Brasil, la cual define qué es la información clasificada y aclara que, dada la naturaleza de sus actividades, no posee ese tipo de información.³⁸

Por otra parte, la seguridad, independientemente del valor del secreto, se encuentra estrechamente vinculada con la privacidad y la confidencialidad, pues define los mecanismos y acciones que permiten salvaguardar la información de terceros, y sin consentimiento. A su vez, especifica los instrumentos de protección ante una amplia serie de amenazas, ya sea físicas, digitales o de otra naturaleza. Dos ejemplos de este tipo de políticas son: la Política de desastres de la Biblioteca Nacional de Las Bahamas, que se enfoca en dar pautas generales ante un desastre meteorológico, y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina, donde se creó una política integral que considera la seguridad física, informática, ambiental y la protección de datos personales a nivel institucional.

Apertura

El valor de la apertura se refiere a la información que las instituciones ponen a disposición pública para su acceso y uso libre. La apertura se relaciona con el concepto de gobernanza de las instituciones públicas, es decir, “la capacidad técnica del Estado para responder a las demandas sociales y económicas con eficiencia y transparencia”.³⁹ Estas dos últimas características se traducen en información disponible de forma abierta y comprensible, y es por ello un valor de la información que, si bien no es obligatorio, tiene como fin generar mecanismos que aumenten la confianza hacia la administración en turno.

También existe el término de gobernanza de la información, el cual se explica como

un marco de decisión y responsabilidad que define el comportamiento aceptable en la gestión de la información: creación, valoración, uso, intercambio, almacenamiento, y preservación de la misma dentro de una organización. Comprende políticas, estándares, procedimientos, y funciones que guían el uso eficiente y responsable de la información para que esa organización alcance sus objetivos de forma sustentable.⁴⁰

En tanto que la gobernanza de la información se encarga de dar orden al flujo de datos en el nivel institucional, la apertura se enfoca en transparentar los mecanismos y los procesos hacia los usuarios externos, para facilitar su consulta y que tengan un mejor conocimiento sobre la institución.

En el caso de las bibliotecas nacionales, aquella información que refiere los procesos internos de la institución y que se pone a disposición del público para su consulta es parte de este valor. El ejemplo más claro de este tipo de información son las políticas de desarrollo de colecciones o las políticas de descarte, pues son PI que tienen un ámbito de aplicación interno, pero que se ponen a disposición del público para dar a conocer los criterios con los que trabaja la institución pública.

Dos ejemplos particulares de las políticas de desarrollo de colecciones se encuentran en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. de Panamá y en el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas de Venezuela, instituciones que cuentan con un documento en el cual definen la política de descarte. Otro ejemplo muy similar es la política de expurgo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina. También es oportuno mencionar que las PI del desarrollo de colecciones son las políticas más estandarizadas en las bibliotecas nacionales; esto sucede porque sus criterios de selección provienen de normativas externas con mayor peso que las institucionales, como las leyes o decretos sobre Depósito legal, derechos de autor o educación, las cuales influyen en la apertura y en otros valores de la información, por ejemplo, seguridad, acceso, utilidad y pertenencia.

Utilidad / costo beneficio

El valor de la utilidad se refiere a maximizar el uso de la información, lo cual hace que compense el gasto requerido para mantenerla almacenada. Tanto la utilidad como el costo-beneficio son valores que se traducen mejor bajo el concepto del valor público de la información, es decir, que el valor reside en los beneficios sociales que ésta puede brindar y en el hecho de impactar en la esfera educativa y cultural de los individuos.⁴¹

La información que puede ser valorada bajo la utilidad y el costo-beneficio es aquella que las bibliotecas nacionales generan para brindar otros servicios, como es la gestión de bibliografías nacionales o el desarrollo de bibliotecas y hemerotecas digitales.

Algunos ejemplos de este tipo de PI son la Declaración de Políticas de RDA (Resource Description and Access) de la Biblioteca Nacional de Chile, o la Política de Catalogación de la Biblioteca Nacional de México, la cual también cuenta con un Grupo sobre RDA que influye en estas políticas; otros casos son la Política de Preservación Digital de la Biblioteca Nacional de Brasil y la Política de Digitalización de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina. La Biblioteca Nacional de México, aunque no cuenta con una PI en preservación sí tiene un grupo de trabajo que ha generado lineamientos para la preservación digital.⁴²

Pertenencia

Este es uno de los valores más complejos de la información. Overman y Cahill mencionan que las PI más volátiles en la actualidad son aquellas que abordan la propiedad de la información o el concepto de propiedad intelectual.⁴³ Asimismo, recalcan que dicha propiedad intelectual cubre principalmente los problemas de la información en cuanto a la forma y la expresión de la obra. Bajo los principios del modelo de Requerimientos Funcionales para Registros Bibliográficos (FRBR, por sus siglas en inglés)⁴⁴ se refiere básicamente a la obra y su manifestación.

La propiedad intelectual y el uso de la información en las bibliotecas son temas polémicos, pues mientras que esas instituciones buscan la máxima publicidad de sus contenidos, la pertenencia condiciona jurídicamente esa difusión. Sin embargo, no siempre fue así, esta problemática surgió cuando las tecnologías tuvieron impacto en las bibliotecas, al facilitar servicios como la reproducción y, posteriormente, la digitalización, lo que ya no permitió el control de la manifestación como en su versión física. Este tópico se relaciona también con el valor de la utilidad y el costo-beneficio de la información.

En este ámbito, las PI han crecido en mayor medida desde la regulación del copyleft y el uso legítimo o ético (fair use), pero esto ha tenido un mayor impacto en la producción académica y científica.

Dentro del escenario de las bibliotecas nacionales no hay políticas detalladas acerca de la protección de las obras, sino algunos destellos de política dentro de normativas jurídicas o reglamentos institucionales. Por ejemplo, al realizar un análisis de legislaciones en América Latina y el Caribe, con el cual se recuperó información sobre la legislación del Depósito legal en 15 países, se observó que rara vez se presenta como una ley o decreto individual, por el contrario, aparece inmerso en otras normativas, como en legislaciones de educación, sobre la libertad de expresión y prensa, regulación de bibliotecas, entre otras; particularmente, en donde aparece con mayor frecuencia el Depósito legal es en las legislaciones de la propiedad intelectual y los derechos conexos. Incluso dentro de éstas se brindaron permisos a las bibliotecas responsables del Depósito legal para la reproducción de la obra, con el principal propósito de preservar el contenido cuando éste no pueda ser adquirido bajo compra, donación o el Depósito legal.

Otro ejemplo de esos acercamientos hacia una política sobre la materia se detecta cuando las bibliotecas encargadas del Depósito legal enuncian en sus sitios de Internet cómo controlan la reproducción de las obras protegidas, para no violentar los derechos patrimoniales; son los casos de la Biblioteca Nacional de México⁴⁵ y la Biblioteca Nacional de Uruguay, las cuales advierten en sus respectivos sitios electrónicos que el fotocopiado es restringido.⁴⁶

Aunque las legislaciones consideran la propiedad intelectual y la reproducción con fines de preservación, es importante desarrollar políticas internas dentro de las bibliotecas nacionales y patrimoniales. La propiedad intelectual debe ser un pilar dentro de las políticas de información, pues se encuentra vinculada no solamente al valor de pertenencia, sino también al uso, costo-beneficio y seguridad de la información; con ella se busca el equilibrio entre garantizar la protección de las obras y el acceso a la información.

Por último, para complementar este análisis presento una tabla que muestra la presencia de los valores distributivos y restrictivos en las políticas institucionales de las bibliotecas nacionales analizadas:

Conclusiones

A partir del análisis realizado acerca de las políticas de la información de bibliotecas nacionales de América Latina y el Caribe, pueden recuperarse las siguientes reflexiones:

1) A la fecha no existe un modelo que consigne todos los elementos necesarios y pertinentes para redactar una política institucional de información en las bibliotecas, por lo que muchas de ellas se generan de forma apresurada e incompleta.

2) Para resolver ese problema, se planteó un estudio cuyo objetivo principal fue realizar un análisis teórico-comparativo de políticas en bibliotecas nacionales, enfocándose en diversos aspectos, con el fin de diseñar una propuesta sobre políticas en distintos ejes de acción en la Biblioteca Nacional de México y sus pares.

3) Hoy en día existen diversas definiciones sobre PI para demostrar el nivel de complejidad al que puede llegar este estudio. No obstante, se considera que la definición de Sandra Braman engloba de forma general y completa el concepto de estas políticas porque considera leyes, reglamentos y posiciones doctrinales que influyen en el flujo de la información, que abarca procesos como gestión, procesamiento, almacenamiento, uso y eliminación, entre otros.

4) Como resultado del análisis comparativo de las definiciones y alcances de las PI, se concluye que éstas no pueden investigarse aisladamente, sino que se requiere del estudio simultáneo de las interacciones entre distintos agentes y de los acuerdos jurídicos o administrativos que impactan en el flujo de la información.

5) Otro elemento significativo es la ambigüedad de los términos política, política pública y políticas de información, pues si bien existe una relación entre ellos, difieren en cuanto al ámbito de aplicación y el propósito de cada uno. Sin embargo, diversos autores detectaron la influencia que tienen entre sí, por lo cual pueden estudiarse de forma conjunta.

6) Las bibliotecas nacionales son instituciones que reciben mayor impacto de políticas exteriores, principalmente porque sus colecciones se forman a partir del Depósito legal, un marco normativo establecido por el Estado. Se entiende que las bibliotecas nacionales son las responsables de la adquisición y conservación de todas las publicaciones impresas.

7) Las bibliotecas nacionales pueden llegar a cumplir otras disposiciones de carácter político o cultural, como la conformación de la bibliografía nacional, un programa nacional de lectura o servicios de referencia especializados. Todo ello depende de distintos factores sociales, geográficos, culturales e históricos. Por tanto, cada biblioteca nacional es única y sólo convergen en materia de las directrices nacionales recomendadas por la UNESCO y la IFLA.

8) Es destacable el hecho de que existen distintas metodologías de estudio de las PI, pero las mencionadas en esta investigación tuvieron el propósito de mostrar las perspectivas de análisis que pueden aplicarse particularmente en PI institucionales (o bibliotecarias) de bibliotecas nacionales, y de las cuales se obtuvo un mejor resultado a partir del estudio de los valores de la información, que permitió un examen comparativo.

9) Gracias a las perspectivas distributiva y restrictiva de la información se identificaron las libertades y limitantes de ésta, así como su presencia en bibliotecas nacionales.

10) Una vez identificadas las PI disponibles en varias de las bibliotecas nacionales de América Latina y el Caribe, se observó que hay algunas consolidadas, como las políticas de desarrollo de colecciones o las de catalogación y descripción documental. Sin embargo, fue evidente también una menor presencia de PI que se consideran fundamentales en este tipo de instituciones, como son las políticas de seguridad de la información. Asimismo, es notable la ausencia de políticas que protejan la pertenencia, pues actualmente sólo se manifiestan como declaraciones en los sitios de Internet oficiales.

11) Por último, un resultado que destaca del análisis de las PI de bibliotecas nacionales es que no hay ninguna de estas políticas que posea todo el repertorio de los valores mencionados al respecto por los teóricos. Cada institución trabajó de forma particular, de acuerdo a su contexto, a sus necesidades institucionales y a las de sus usuarios. Por ello, el análisis de los valores de la información destaca los rangos de fortaleza de esas políticas, de acuerdo con sus particularidades.

Este estudio se constituye como un primer acercamiento para construir un modelo general de las PI en bibliotecas nacionales que sirva como base en la colaboración y la alineación de programas, estrategias y planes de acción, tanto a nivel local como internacional.