Introducción

A finales de febrero de 1845, Salvador Bermúdez de Castro desembarcó en el puerto de Veracruz, como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de España ante el gobierno de la república mexicana. Entre las instrucciones que le habían sido dadas a fin de desempeñar su cargo estaba la de realizar en secreto las gestiones necesarias para convertir México en una monarquía encabezada por algún miembro de la Casa Real de España. Tan pronto arribó a la capital del país, el nuevo ministro puso manos a la obra en el proyecto.¹

No fue sino hasta agosto de 1845 cuando escribió a Madrid para informar que había dado algunos pasos hacia el objetivo de su misión secreta. Entre ellos, el haber obtenido la cooperación de importantes personajes de la política mexicana, contar con un lugar prominente en la alta sociedad capitalina y con un sitio privilegiado en el cuerpo diplomático acreditado en la capital. Además, señaló que las circunstancias mexicanas eran favorables para el cambio de régimen. Una vez que recibió la autorización de sus superiores para llevar adelante su misión, a principios de 1846 les expresó que también dedicaría sus esfuerzos a “organizar un periódico en grande, cosa muy necesaria pero muy costosa, y asalariar algunos redactores de otros diarios para iniciar y propagar las ideas monárquicas”.² Fue así como daría inicio a la publicación de un periódico con la intención de divulgar la conveniencia del sistema monárquico para México y persuadir a los lectores de la necesidad de que fuese implementado.

Este artículo pretende dar cuenta de las diversas reacciones que tuvo la aparición de dicho diario y la forma en que la prensa fue utilizada por el diplomático español, y el emergente partido conservador, como herramienta de persuasión a favor de un cambio radical en el sistema político. Lo anterior con objeto de observar cómo era entendida la prensa en el México de mediados del siglo XIX, y justipreciar su incidencia en los debates políticos.

La actuación de la prensa en la historia de México ha sido analizada en varios estudios, los cuales van desde los de carácter general acerca de su desarrollo histórico, hasta los que se ciñen a elementos relacionados con sus protagonistas (diarios, revistas, folletos, artículos, autores, editores e impresores).³ Recientemente, sobre la base de que la prensa desarrolló un papel fundamental en la formación del Estado mexicano, capaz de generar acciones y repercusiones en la arena pública, los estudios se han concentrado en su constitución como un actor político en toda forma.⁴ Es en dicha corriente donde ubicamos este estudio de caso, pues arroja luz sobre la relación entre la prensa y la política, además de brindar elementos para analizar la formación de la opinión pública de aquel momento.

La crítica situación mexicana

A mediados de 1843 fueron juradas las Bases de Organización Política de la República Mexicana (Bases Orgánicas), luego de lo cual Antonio López de Santa Anna ganó las elecciones presidenciales. Éste ­-como era su costumbre­- dejó el poder en manos de Valentín Canalizo, quien fungió como presidente interino y levantó críticas severas por parte de diversas facciones y de los Departamentos del interior, inconformes por la centralización administrativa de la federación. Así, el gobierno debió enfrentar diversas problemáticas, entre las que destacaba la situación de Texas, territorio que había declarado su independencia en 1838 y que ahora se encontraba en negociaciones para anexarse a Estados Unidos.⁵

El Congreso emitió un decreto que dotaba a Santa Anna de recursos para iniciar una nueva campaña tejana, pero cuando llegó la noticia de que el senado estadounidense había rechazado la anexión, los diputados le exigieron cuentas. Lo anterior sirvió de pretexto para que, a principios de noviembre de 1844, el general Mariano Paredes y Arrillaga se pronunciara desconociendo al gobierno, por haber violado las Bases Orgánicas y negarse a reorganizar el Ejército y la Hacienda, acusando también a Santa Anna de dilapidar el dinero aprobado para la campaña de Texas. La respuesta del gobierno fue decretar la disolución de la asamblea y obligar a las autoridades a jurar su obediencia a la medida.⁶

En pleno ambiente de confrontación, los diputados y los miembros del Poder Judicial rechazaron el decreto. Fue gracias a la protección de la guarnición de la capital y a que algunos generales decidieron oponerse a la voluntad de Santa Anna, que el Congreso pudo mantenerse en funciones. Canalizo fue apresado y el poder Ejecutivo quedó en manos de José Joaquín de Herrera, que ocupaba la presidencia del Consejo de Gobierno.

El nuevo presidente enfrentó una situación por demás complicada a lo largo de 1845. Varias facciones exigían la vuelta de la Constitución de 1824; la intentona de deshacer el Congreso había incrementado la inconformidad de las regiones frente al gobierno federal, lo cual llevó a levantamientos como el de Tabasco, que exigía la rebaja de impuestos al comercio local; diversas facciones conspiraban para el restablecimiento del federalismo, como la liderada por Valentín Gómez Farías en la capital, que se levantó e intentó tomar preso al presidente, pero fue controlada por la guardia del Palacio Nacional; tampoco faltaban los grupos que insistían en reorganizar la campaña militar contra los rebeldes tejanos.⁷ Al interior, la situación política era muy inestable, mientras que en el exterior, el panorama resultaba adverso, dado el expansionismo estadounidense.

Fueron estas las circunstancias con las que se encontró Bermúdez cuando comenzó a desempeñar su labor como representante de España en México. Con medio año en funciones, escribió a sus superiores para enterarlos de la crítica situación del país: “puede asegurarse que camina a pasos agigantados a la disolución”. Según él, las piezas estaban acomodadas para llevar a cabo su encargo secreto. Afirmaba que tenía los apoyos necesarios, pues contaba con el favor del ejército, gracias a su entendimiento con el general Paredes y Arrillaga ­-“caudillo favorito de las tropas”­-; asimismo, había trabado amistad con Lucas Alamán ­-“el único hombre de estado del país”­- y también tenía el soporte económico de Lorenzo Carrera, comerciante español partidario monarquista. “La república ­-aseguraba­- cuenta ya con pocas simpatías”.⁸

Su plan consistía en que Paredes, entonces estacionado en San Luis Potosí, se pronunciara en contra del gobierno, marchara a la capital recabando el apoyo de la población y de más oficiales en el camino, disolviera las Cámaras y convocara a una Asamblea de Notables, la cual, tomando como base los postulados del Plan de Iguala con el que Agustín de Iturbide encabezó la marcha triunfante del Ejército Trigarante en 1821, se pronunciaría por la monarquía y llamaría a encabezarla a un príncipe español. Sin embargo, Bermúdez pronto se daría cuenta de que llevar a cabo su intriga no sería fácil. Durante el resto de 1845 escribió a Madrid para informar de todas las dificultades que enfrentaba, como los intentos por parte del presidente Herrera para debilitar al ejército de Paredes y la desesperante falta de los recursos económicos que éste exigía para poner el plan en acción.⁹

Fue hasta finales de año cuando pudo informar a sus superiores que Paredes había iniciado su marcha sobre la capital del país. La noche del 14 de diciembre proclamó el Plan de San Luis, en el cual declaraba suspendidas las actividades del Ejecutivo y el Legislativo, y señalaba que sería convocado “un congreso extraordinario con amplios poderes para constituir a la nación sin restricción ninguna”. Bermúdez volvió a pintar un panorama favorable para sus planes y aseguró con optimismo: “antes había algunas personas de ideas vergonzantes que se miraban como utopías, y aun esos pocos estaban divididos entre el deseo de un príncipe español, un austriaco o un toscano; hoy existe un partido monárquico español y solo por medio de España puede levantarse un trono en México”.¹⁰

Las ideas de El Tiempo

Como señalamos, a principios de 1846 el representante español recibió luz verde para su proyecto secreto por parte de las autoridades de la península, cuando las tropas provenientes de San Luis habían arribado a la capital y Herrera había renunciado a la presidencia, la cual interinamente quedó en manos del general Paredes. En su respuesta a Madrid, Bermúdez de Castro se mostró aún más optimista y expresó sus planes de echar a andar la publicación de un periódico para popularizar las ideas monarquistas. Fue así como a mediados de enero circuló el prospecto de El Tiempo, que anunciaba la próxima aparición de un diario serio y bien escrito, sin compromisos con partido alguno y que no defendería ni atacaría al gobierno. Su único objetivo sería reclamar “para el Congreso Constituyente que va a formarse, la libertad más amplia y absoluta”.¹¹

Con este supuesto propósito, el 24 de enero de 1846 apareció el primer número de El Tiempo.¹² De acuerdo con Bermúdez, el artículo editorial fue obra de Alamán, quien basó su exposición en la premisa de que existía una contradicción entre las leyes y la realidad del país, de modo que la experiencia de inestabilidad, revoluciones, robos, derrocamientos de gobiernos, pobreza hacendaria y desconfianza generalizada era el resultado natural del choque “entre los elementos ficticios de nuestra Constitución y los elementos que realmente componen nuestra sociedad política”. Resultaba necesario “acomodar las instituciones políticas al estado de las cosas, y no pretender que las cosas se amolden a las instituciones políticas”.¹³ Según El Tiempo, era importante discutir estas ideas tan necesarias para la regeneración del país, por lo cual llamaba a que fuesen examinadas en la arena pública.

De inmediato quedó claro que la misión de Bermúdez no era tan secreta como él pensaba, pues el mismo 24 de enero los redactores de El Monitor Constitucional advertían a sus lectores sobre la existencia “de una fracción cortísima; muy conocida por fortuna, que desea el establecimiento de la monarquía”, y se declaraban listos para enfrentarla: “Si hubiere, como nos lo tememos, en lo de adelante quien propalare ideas antirrepublicanas, las combatiremos con todas nuestras fuerzas y sostendremos los derechos del pueblo y la causa de la libertad”.¹⁴

Apenas tres días después, el gobierno hizo pública la convocatoria al Congreso extraordinario prometido por el Plan de San Luis,¹⁵ y la discusión en las imprentas sobre temas políticos se encendió de inmediato. Tomó la batuta El Monitor Constitucional, que sacó a la luz un artículo acerca de la libertad de imprenta, en alusión a los rumores que circulaban de que el gobierno emitiría un ordenamiento para eliminarla. “El que se propone obrar bien ­-señalaba­-, no debe temer que se publiquen ni que se discutan sus actos, por el contrario, de una y otra cosa debe caberle la mayor satisfacción. Por eso, siempre los gobiernos sensatos e ilustrados no solamente no temen esa arma poderosa [la prensa] con que son destruidos los malvados, sino que fían en ella como en su más segura defensa”. Además, respecto a la aparición de El Tiempo, El Monitor acusó a sus redactores de recomendar el régimen virreinal, “sosteniendo que el despotismo es el más adecuado para la situación de la república”, pero, frente a tales amenazas, advirtió nuevamente: “Nosotros, por el honor de México y por lo que nos debemos personalmente, combatiremos hasta donde nos sea posible unos principios que no pueden verse recomendados sin escándalo”.¹⁶

Se tuvo noticia de que, en efecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobernación y Policía había enviado a los departamentos de la república una copia de la disposición sobre libertad de imprenta, decretada el 6 de abril de 1839 y restablecida el 14 de enero de 1843. En la circular, el Ministerio llamaba la atención de las autoridades locales sobre la imperiosa necesidad de vigilar estrechamente la actividad de las imprentas, y las facultaba para actuar en contra de cualquiera que abusara.¹⁷ Muchos escritores manifestaron su preocupación por la medida, la discusión se acrecentó y los hostigamientos hacia El Tiempo arreciaron.

El Monitor Constitucional se mantuvo a la cabeza de los ataques, como campeón del republicanismo. En su sección “Espíritu de la Prensa Periódica” reprodujo un artículo de Don Simplicio en el que se acusaba al nuevo diario de sostener la bandera monarquista: “Nosotros creemos un papel, como El Tiempo, más subversivo que otro alguno, y deseamos que no nos confunda y que nos desmienta, porque es corto el sacrificio de caer aterrado, si al caer se le quita el embozo al que se presenta hipócrita y puede ser un enemigo pérfido”.¹⁸ Días más tarde, los redactores de El Monitor también insistieron en el velado monarquismo de su colega, pues se decía portador de ideas nuevas, mientras rechazaba la política establecida hasta el momento, así que lo invitaron a expresarse con claridad: “De buena fe suplicamos a los señores del Tiempo que den una idea a la nación de la forma de gobierno que quieren”.¹⁹

El Tiempo finalmente respondió a los ataques e hizo pública su postura. En el artículo “Nuestra profesión de fe política” señaló sin medias tintas que el camino ruinoso seguido por el país desde 1824 tenía su causa en el establecimiento de las instituciones republicanas:

Creemos que nuestra República ha sido un ensayo costoso, un escarmiento duro; pero que tiene remedio aún. Ahora, si se nos pregunta qué queremos, qué deseamos, vamos a decirlo francamente. Queremos la monarquía representativa; queremos la unidad de la nación; queremos el orden junto con la libertad política y civil; queremos la integridad del territorio mexicano; queremos, en fin, todas las promesas y garantías del Plan de Iguala, para asegurar en cimientos estables nuestra gloriosa independencia.²⁰

Una vez declaradas sin ambages sus ideas monarquistas, las embestidas en su contra se recrudecieron aún más.²¹ La prensa, así, se convirtió en el escenario de la disputa entre quienes pretendían restablecer un trono en México y los que tenían dicha idea por anatema.

Todos contra El Tiempo

De acuerdo con Bermúdez, fue tal el alboroto causado por esa profesión de fe que ese día se agotaron todos los números de El Tiempo, además de que el resto de los periódicos de la ciudad combatieron al instante a sus escritores: “pidióse su castigo y trató de presentarse la emisión de sus opiniones como una traición a la patria”, según reportó a Madrid.²² Al día siguiente de su aparición, los redactores de El Monitor Constitucional reprodujeron íntegramente la profesión de fe de El Tiempo. Y como primera respuesta, en su artículo editorial insistieron, entre otras cosas, en que el verdadero responsable de la ruina del país no eran las formas republicanas, sino los miembros de un pequeño sector de la sociedad, una facción que

cubierta con la máscara de la hipocresía ha preparado sordamente nuestra ruina, desmoralizando más que ninguna otra a la nación, para que, cuando esta llegase a presentar el espectáculo de miseria a que ellos mismos la habían reducido, poder decir (como si solamente dolidos de sus males propusiesen un remedio saludable), he aquí los efectos de la república, arrojémonos a los brazos de la monarquía que nos salvará.²³

Fue tal su indignación que El Monitor, en alarde de su republicanismo, no sería más El Monitor Constitucional y a partir del 14 de febrero de 1846 circularía como El Monitor Republicano. “Como no hay ya constitución que defender ­-explicaron sus redactores­-, y siendo hoy la gran cuestión de la prensa, República y Monarquía, nosotros que hemos profesado, profesamos y profesaremos siempre los principios que establecen la primera, hemos creído conveniente cambiar en parte el título de nuestro periódico”.²⁴ En el mismo sentido, en su editorial respondieron seguros de que las únicas instituciones políticas capaces de salvar a México eran las republicanas, que el republicanismo estaba arraigado en el corazón de los mexicanos y que resultaría inútil retroceder en su andar político para volver a la monarquía: “No creemos que la vista que padeció por el tránsito repentino de las tinieblas a la luz, y que después se acostumbró a ella, se halle en un estado grato volviendo a hundirse en la oscuridad del caos”. Al final del artículo hicieron un llamado “a todos los buenos mexicanos a reunirse para la defensa de las instituciones republicanas”, y sentenciaron: “al fin hay más aliciente y más orgullo en derribar un trono que en traicionar a un presidente”.²⁵

El calor de la polémica aumentó tanto que en cuestión de días el asunto llegó a manos de la justicia. El 18 de febrero, el coronel Manuel Montoro acudió ante el juez Luis Ignacio Jáuregui para denunciar la profesión de fe de El Tiempo. Según el militar, contenía ideas “que tienden a destruir el sistema republicano representativo popular, queriéndose que venga a gobernarnos uno de los de la familia de Fernando VII”, una situación que su honor, como miembro del ejército y ciudadano mexicano, le impedía dejar pasar impunemente.²⁶

Con base en el artículo 196 de las Bases Orgánicas ­-que establecía como abusos de la libertad de prensa la provocación a la sedición y la desobediencia a las autoridades, así como los ataques a la independencia y la forma de gobierno­-²⁷ y en la ley del 22 de octubre de 1820 ­-que declaraba responsable de abusar de la libertad de imprenta al autor o editor de cualquier texto que contuviera ideas tendientes a trastornar el orden político o a desobedecer a la autoridad legítima­-²⁸ el juez Jáuregui declaró la profesión de fe de El Tiempo como subversiva en primer grado, mandó de inmediato que se buscara al responsable de la publicación y se confiscaran los ejemplares que quedasen del número en que apareció.²⁹

El asunto fue reportado enseguida por Bermúdez a Madrid. El diplomático español señaló que, temiendo la fuerza que estaba adquiriendo El Tiempo, “se había hecho una coalición entre diversos matices de los antiguos partidarios” para atacarlo, y que para ello se había aguardado “a que estuviese de turno un juez de exaltadas opiniones”. Sin embargo, señaló que el gobierno se había apurado a dar a conocer una circular en la cual “consignó la libertad decorosa de toda discusión política, declarando que la única ley vigente de imprenta es la circular de 8 de octubre de 1839, que no permite la acción popular en los delitos de esta clase y deja la iniciativa de persecución ante los tribunales a las autoridades gubernativas”.³⁰

En efecto, el 21 de febrero el Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobernación y Policía emitió una nueva circular que recordaba a los gobernadores la que había enviado el 24 de enero anterior y en la que, a su vez, subrayaba la vigencia de la ley de imprenta de octubre de 1839.³¹ Ésta, como informó el diplomático español a sus superiores, ciertamente ponía en manos de las autoridades de los departamentos las acciones contra quienes abusaran de la libertad de imprenta, de modo que un particular no tendría facultad de iniciar procesos contra aquéllos.³² Fue por esta razón, y gracias al respaldo con el que contaban del presidente Paredes, que ni Bermúdez ni Alamán fueron perseguidos, y Antonio Nájera, editor responsable de El Tiempo, solamente pasó una noche en la cárcel.³³ En la circular, el gobierno se decía protector de las libertades de los mexicanos, entre las que, en particular, garantizaba plenamente la de las imprentas.

Estando por reunirse, con arreglo al programa de San Luis Potosí, un Congreso Extraordinario que ha de fijar positivamente las instituciones políticas de la nación mexicana, el gobierno ha querido dejar a la prensa periódica la más ilimitada amplitud para debatir cuanto toque a sus principios y bases fundamentales, siempre que la discusión recaiga, como debe recaer, sobre las teorías, y de ningún modo se intente subvertir el orden público ni atacar la reputación de las personas. Las opiniones más exageradas y opuestas pueden de este modo hacerse oír sin peligro, porque el sentido público hace justicia a toda clase de aberraciones. Así comprende el gobierno sus deberes, y acredita las ideas de tolerancia que deben presidir a la administración de un pueblo libre.³⁴

Las ideas monarquistas expresadas en El Tiempo habían superado el ámbito de las imprentas, al grado de provocar un proceso judicial y luego hacer necesaria la reacción del gobierno. Mas el asunto no se detendría ahí.

Casi una crisis diplomática

Como dijimos, la sospecha sobre el monarquismo de El Tiempo se había esparcido desde antes de la publicación de su profesión de fe. Tanto había sido así que el 6 de febrero de 1846, y luego el 21 del mismo mes, Carlos María de Bustamante, antiguo insurgente, escritor prolífico y republicano furibundo, hizo publicar en el Memorial Histórico dos artículos, “México no quiere a un rey y, menos a un extranjero”, donde atacó duramente las ideas monárquicas, valiéndose de su experiencia en la insurgencia y su pasado como diputado en varios congresos, y denunció a los españoles que pensaba respaldaban a El Tiempo.³⁵

Tan pronto tuvo noticia de ello, Bermúdez, para defender el nombre de sus paisanos ­-más bien temeroso de que se divulgara que estaba detrás de la publicación de El Tiempo­-, se apresuró a enviar una nota al Ministerio de Relaciones en la que acusaba al texto de Bustamante de contener amenazas, insultos y calumnias contra España y los españoles. “Tomando por pretexto la acalorada polémica que siguen los periódicos sobre la organización política de la nación mexicana ­-decía­-, el señor Bustamante se complace en recordar antiguas escenas de sangre y desolación […] para presentar en tono exagerado y enfático a los españoles como eternos enemigos de este país”. Según el diplomático, no había razón para tales ataques, pues los españoles residentes en México conocían “sobrado bien sus intereses y los deberes de su posición para no mezclarse en las contiendas políticas de una nación amiga y aliada”. De modo que esperaba que el gobierno adoptara “las medidas convenientes para la pronta represión y castigo de un artículo altamente criminal, porque tiende a romper los lazos que unen a ambas naciones y a provocar atentados contra extranjeros laboriosos y tranquilos”.³⁶

En su respuesta, el Ministerio se limitó a asegurarle a Bermúdez que el gobierno reprobaba el contenido del artículo en cuestión, pero que en manera alguna menoscababa la fraterna y amistosa relación que existía entre ambas naciones.³⁷ Parecía que todo quedaría ahí; sin embargo, de alguna forma el asunto llegó a oídos de los editores de El Monitor Republicano, quienes, a partir del 27 de febrero (y hasta el 9 de marzo), hicieron aparecer en la primera columna de su periódico una interpelación al gobierno:

Con el derecho de ciudadanos, derecho que nadie nos puede quitar, interpelamos a la administración para que emita categóricamente su fe política.

¿El gabinete es monarquista o republicano?

Nada importa que esta administración sea de transición; nada que su misión sea la de convocar una asamblea constituyente, y mantener las cosas en el estado en que se hallan, porque es fuerza que alguna conducta observe, y esa conducta da indudablemente una dirección del curso de las cosas, del cual depende acaso totalmente el futuro de la nación.

Repetimos, finalmente, que, usando nuestros imprescriptibles derechos, preguntamos al gabinete, ¿cuál es su fe política, cuál su creencia en la cuestión del día? Esta pregunta la repetiremos siempre hasta tener una respuesta. La nación tiene derecho de saberla, y si la administración actual obra de buena fe, no tiene ningún pretexto para excusarse en el cumplimiento de su deber.³⁸

Dos días después también dieron a conocer la noticia del reclamo del representante español al Ministerio de Relaciones,³⁹ lo cual provocó que el gobierno publicara una nota para tratar de explicar la situación. Según aseguró, Bermúdez no había pretendido entrometerse en la política interior de México, ni las autoridades se lo hubieran permitido, y el reclamo no había sido “contra las ideas políticas de Bustamante, sino contra lo que conceptuaba amenazas y calumnias contra los súbditos españoles residentes en este país”.⁴⁰

La presión de las autoridades y ­-a decir de Bermúdez­- “considerables favores que para decidirlo se le hicieron en aquellos días, colocando a un pariente suyo y poniéndole al corriente de sus pensiones”, hicieron que Bustamante publicara pronto “una retractación de su anterior escrito”,⁴¹ que apareció en El Republicano bajo el título “A mi Nación Republicana”.

Lo cierto es que Bustamante en realidad no se desdijo en este nuevo artículo,⁴² se limitó a asegurar que nunca había pretendido “ofender los derechos de la nación española, a quien acaso se supone que he deturpado, ni a su gobierno, ni menos faltado los respetos debidos a la señora doña María Isabel II” y, de hecho, volvió a insistir en su defensa del republicanismo: “yo siempre me opondré cuanto pueda al cambio de sistema en que vivo, […] pues a ello me obligan las inspiraciones de mi corazón y los reiterados juramentos que hice al recibirme de diputado en seis legislaturas, porque en el orden de las obligaciones esta es la primera de todo buen mexicano”.⁴³

En los siguientes días, la virulencia de la polémica siguió en aumento. Con el fin de ponerle un alto, el gobierno tomó la decisión de emitir una nueva medida para regular los contenidos de los periódicos. El 11 de marzo envió una nueva circular a los departamentos, en la que mandó “cesar por ahora toda discusión sobre formas de gobierno y que se observen de la manera más estricta las disposiciones vigentes sobre libertad de imprenta”.⁴⁴ Los redactores de El Monitor Republicano, El Contra-Tiempo, La Reforma, El Republicano y Don Simplicio comenzaron a publicar diariamente una protesta, donde denunciaron las “inmerecidas reconvenciones y amenazas” que recibían del gobierno y advertían sobre los “graves riesgos [que amenazaban] a los periodistas republicanos que publican sus ideas fiados de la protección de las leyes”.⁴⁵ La nueva disposición provocó que varios impresores fueran perseguidos. Vicente García Torres, dueño del taller donde se imprimía El Monitor, fue amenazado personalmente por el presidente Paredes con enviarlo a prisión o pasarlo por las armas.⁴⁶

Si bien El Tiempo se mantuvo a salvo, la discusión en las imprentas siguió en aumento.⁴⁷ El mes siguiente fue necesaria una nueva disposición del gobierno, la cual estableció como responsables no sólo a los autores, sino a los editores y dueños de las imprentas, “que directa o indirectamente protejan las miras de cualquier invasor de la República, o que auxilien algún cambio en el orden establecido, o ataquen calumniosamente a los supremos poderes de la nación o de los Departamentos”.⁴⁸ Esta vez, la amenaza a García Torres se hizo efectiva: fue encarcelado y posteriormente enviado a Nuevo León.⁴⁹

El fin del proyecto monarquista

Durante marzo y abril de 1846, Bermúdez de Castro reportó a sus superiores que los planes de convertir a México en una monarquía enfrentaban cada vez más dificultades, como lo fue el resultado de la convocatoria al Congreso extraordinario, que, según él, había arrojado “algunos representantes de la más ardiente oposición”.⁵⁰ Encima de ello, el conflicto con Estados Unidos se presentaba inminente. Lo anterior coincidió con un cambio en la política española respecto a su proyecto mexicano, que consistió en detener el envío de recursos a su representante y comenzar a tomar distancia del asunto, toda vez que el panorama dejaba claro que el cambio del sistema político se había tornado en poco menos que imposible.⁵¹

Fue hasta finales de mayo de 1846, una vez que las tropas estadounidenses habían penetrado por el norte del país y conseguido sus primeras victorias, cuando Bermúdez tiró la toalla de su misión secreta. “La prensa misma, cuya ardiente polémica ocupaba la atención del público ha suspendido la violencia de sus discusiones […] las derrotas del [río] Bravo ­-se lamentó­- han sido un golpe de muerte para nuestros proyectos”.⁵² El 6 de junio iniciaron las sesiones del nuevo congreso. En su discurso inaugural, el presidente Paredes manifestó a los diputados que los deseos de la patria, “que apoya el gobierno con vehemencia”, eran mantener “para siempre las instituciones republicanas”.⁵³ Fue así como terminó la intriga.

El fin del proyecto monarquista significó también la conclusión de El Tiempo. A principios de junio apareció su último número. A manera de despedida, su artículo editorial anunció su retiro de la arena periodística, mas no por creer que su propuesta política fuera equivocada, sino porque, en medio de las críticas circunstancias en las que se hallaba el país frente a una guerra extranjera, faltarían a su patriotismo si mantuvieran la lucha por sus ideas:

Ahora, el partido monárquico no cree que debe contar con un representante en la prensa periódica. Entre faltar a los deberes de su conciencia y patriotismo o suspender sus tareas, El Tiempo no puede vacilar y se retira […] Porque en estos momentos la unión es la primera de las necesidades, porque ahora cumple prepararse para grandes sacrificios, y más que todo importa repeler al enemigo y salvar la independencia. He aquí la razón de nuestra conducta. Nosotros no tememos equivocarnos cuando aseguramos que todos los hombres del partido monárquico están y se hallarán siempre dispuestos a no poner el menor obstáculo en estos momentos al gobierno que rija los destinos del país.⁵⁴

Tres días más tarde, El Monitor Republicano comentó la desaparición de El Tiempo. Sin bajar la guardia, dejó ver sus sospechas de que la suspensión era sólo momentánea, para distraer a los lectores, y no dejó de reprocharle una vez más su responsabilidad en las tristes condiciones en que se hallaba el país y advertir que: “Hay intrigas tan claras que no se ocultan ni a los niños, que la suspensión del Tiempo es una de ellas y que sus fines están descubiertos; los cocodrilos lloran para atraerse a la víctima, las sirenas cantan para adormecer. ¡Republicanos, hombres libres e independientes, abrid los ojos y ved…!”.⁵⁵

Conclusiones

A principios de 1846 Salvador Bermúdez de Castro, representante de la corona española acreditado ante el gobierno de la república mexicana, instigó en contra de las instituciones políticas del país, con la intención de convertirlo en una monarquía encabezada por un príncipe de esa casa real. Cuando tuvo lugar esta intriga, las circunstancias mexicanas se caracterizaban por la fragilidad interna y, al mismo tiempo, por la debilidad externa frente a la amenaza bélica estadounidense.

A pesar de estas críticas condiciones ­-o más bien debido a ellas­-, el diplomático español se involucró de lleno en la política mexicana, para lo cual echó mano de la prensa periódica, pues comprendió pronto que su principal función era la de formar opinión y no tanto informar. De modo que un periódico cuyo propósito fuera defender el sistema monárquico como el necesario para resolver los problemas del país resultaba de la mayor importancia. Como se ha visto, la aparición de El Tiempo y las reacciones que provocó muestran la forma en que la prensa era entendida, las características de su actividad y su papel en la política del México de mediados del siglo XIX.

La prensa periódica se erigía a sí misma como el lugar donde debían examinarse los proyectos políticos. De ahí que El Monitor exigiera que El Tiempo definiera pronto y públicamente su postura, pues resultaba necesaria su discusión en los diarios. Aun cuando de dicha discusión, como sucedió, derivaran ataques y críticas, más que reflexiones o análisis. En el mismo sentido, la prensa entendía que una de sus principales actividades era abogar por el pueblo ­-cuyos intereses conocía y, por tanto, resguardaba­- y defender el honor del país, especialmente cuando, en medio de la discusión pública, emergía quien pretendía socavar la libertad del primero al someter al segundo a la humillación de reinstalar un trono, toda vez que el monarquismo equivalía a la servidumbre, mientras que el sistema republicano representaba la libertad, sin importar la precisión de estas afirmaciones.

La prensa resultaba indispensable para la buena marcha del país y muy conveniente para los intereses de los mexicanos, pues otra de sus funciones era vigilar al gobierno en turno y cuidar que no se desviara del camino adecuado. Así fue cuando, frente a las sospechas de que simpatizaban con las ideas de El Tiempo, los diarios capitalinos interpelaron a las autoridades, exigiendo que declararan si el gabinete era monarquista o republicano. De igual forma, cuando se decretaba alguna regulación a la prensa ­-como fue el caso de las circulares que al respecto envió el Ministerio a los departamentos­- no tardaron en recordar que, lejos de temerles, todo buen gobierno ilustrado debía confiar en ellos.

En cierta medida, esa actitud paternalista de la prensa hacia los lectores era compartida por las autoridades. Al regular la circulación de ciertas ideas y luego prohibirlas, en definitiva, el gobierno cuidaba a la opinión pública de ser engañada por los redactores de los periódicos, especialmente en momentos críticos como la formación de un congreso constituyente o los albores de una guerra extranjera, cuando la posible exaltación del pueblo era inconveniente.

Además de erigirse como tribunal político, juez de las acciones del gobierno y protector de la población y el decoro del país, el caso analizado deja claro que la prensa era un actor político en pleno. Tanto así que la publicación de las ideas monarquistas en El Tiempo dieron pie al inicio de una acción legal por parte de un particular, quien entendió que su simple expresión constituía un delito. Asimismo, las ideas monarquistas hicieron que otro escritor arremetiera contra ellas, en contra del diario donde circularon y, de paso, contra la colonia española de la ciudad de México, lo cual obligó a que Bermúdez de Castro, como representante del gobierno de la península, mandara un reclamo diplomático a las autoridades del país. En ambos casos, el asunto trascendió el mundo de las imprentas y dio lugar al involucramiento del poder judicial y del Ministerio de Relaciones. En otras palabras, la prensa, como actor político, era capaz de propiciar actos políticos, tales como un juicio legal o una nota diplomática de queja. Todo originado por lo escrito en un periódico.

Es claro que las imprentas y quienes pertenecían a su mundo jugaron un papel fundamental en la formación del Estado mexicano. Entendieron cabalmente su lugar en el espacio público y en el ámbito político. Comprometidos con la protección del pueblo y la vigilancia del gobierno, actuaron políticamente, propiciando enfrentamientos, debilitando o empoderando proyectos políticos y atacando o apoyando gobiernos.